Hace unos meses tuvo lugar un Foro Mundial para recordar los 25 años de la “Declaración de Salamanca”. Allí se reunieron, en junio de 1994, más de 300 personas, en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, con la intención de promover el definitivo desarrollo de una verdadera “educación para todos”. En aquel evento se examinaron los cambios fundamentales que la política debería incentivar para favorecer en cada país el enfoque de una educación integradora. Allí se suscribió que esa debería apoyarse en una verdadera capacitación a las escuelas y el profesorado para atender de la mejor manera a todo el alumnado, en especial al que puede tener necesidades educativas especiales.

Desde entonces, la escuela ha ganado en inclusividad; nadie puede dudar que este cometido social se ve de otra forma. A pesar de eso, hay que volver a insistir en que son imprescindibles impulsos políticos –con calidad en los tomadores de decisiones- que encaminen marcos legislativos, que favorezcan  currículos más inclusivos, que incentiven entornos de aprendizaje que aseguren altos niveles de motivación, compromiso y resultados de aprendizaje para todos. También vendría bien un profesorado, de cualquier materia, que tenga una buena comprensión de los principios y las prácticas de inclusión y su aplicación. Con todo, habrá que disponer de datos desglosados que ilustren las necesidades y los efectos de las actuaciones políticas y pedagógicas llevadas a cabo en cada tramo educativo, de cómo se ha incentivado la formación del profesorado; además, y no es lo menos importante, se necesita una financiación adecuada a todos los niveles, más equitativa y efectiva. La experiencia de 25 años debe servir para creer, para crecer, en el desempeño de una escuela inclusiva.

Publicado en Heraldo escolar el 23 de octubre de 2019.