Las sucesivas leyes educativas han aportado cambios en algunas cuestiones –nuevas metodologías, evaluaciones de todo tipo, atención a la diversidad y a los valores sociales, uso de las TIC, compartimentación de jornada escolar, etc.- junto al mantenimiento de constantes en la enseñanza obligatoria: currículos y organización escolar marcadamente tradicionales y ligeros retoques en horarios. En Secundaria las modificaciones han sido mínimas: la irrupción de los criterios de evaluación; cambios en un par de materias, en los itinerarios formativos y en atención a la diversidad en agrupaciones diversas.

Intuimos quién regula la enseñanza obligatoria, pero habría que saber quién manda en educación. Si lo hacen los responsables de la administración de turno o hay otros intereses que condicionan el proceso (PISA y similares), o los libros de texto. Sin duda, la educación formal debería estar organizada en torno a las capacidades y necesidades de los estudiantes; su objetivo principal sería que cada cual llegase allá dónde pudiese, diese todo lo posible en beneficio propio, para que después planificase si continuaba o no aprendiendo en una rama del saber o en otra.

En este cometido, los centros deben ostentar buena parte de la gestión educativa. Allí se ven los problemas, se pueden encontrar soluciones planificando y chequeando las actuaciones, retroalimentando constantemente los procesos y dando cuenta razonada a la Administración y a las familias de por qué se ha hecho así. Para ello necesitan, aparte de los recursos suficientes, una adecuada intención pedagógica del profesorado y una preparación vinculada a un asesoramiento pragmático de las redes de formación.

Publicado en Heraldo escolar el 13 de febrero de 2019.