La educación pactada

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El sistema educativo ha sido durante décadas el escenario en donde se han representado los juegos de intereses de los partidos políticos y otros nódulos del poder social. Ahora mismo lo es en la Subcomisión del Congreso de los Diputados que busca un pacto sobre el sistema educativo en general, concretado en 14 ámbitos de ineludible atención entre los cuales destacan, por las controversias que generan, el modelo territorial, la equidad e inclusión educativa, la autonomía de los centros, el patrón deseado de docentes, la financiación, la evaluación y la laicidad.

El escueto documento inicial de trabajo aborda los fines de la educación, que se deberían definir a partir del diagnóstico de cómo es ahora, los desafíos que la condicionan para el futuro y la consiguiente formulación de unos objetivos posibles, serios, veraces y compartidos. También se habla de la universalización de la educación, del derecho a la educación en el contexto de una oferta plural en todos los niveles educativos, que algunos concretan en la enseñanza en redes complementarias (asunto que plantea reticencias iniciales en los partidos de la oposición y ha generado controvertidas resoluciones judiciales sobre la segregación y las desigualdades). El documento también cita –quizás estos deberían ser los argumentos básicos– la conveniencia y necesidad de formar ciudadanos críticos, a partir de un enfoque educativo que favorezca el desarrollo personal, la extensión de la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años y el desafío de una educación verdaderamente inclusiva.

La educación pactada es una encomienda del Estado, que debe ejercer como impulsor y dinamizador. En primer lugar, se debe aumentar el gasto público (8,2 % del PIB) para acercarlo a la media de la UE (9,9). Con más presupuesto hay más oportunidades de que descienda el abandono escolar temprano, se incrementen las becas en educación obligatoria, el profesorado en formación tenga unos niveles de idoneidad plena y su formación permanente sea eficaz y realista. Para armonizar estos postulados se necesitan los mejores profesores, seleccionados en concurso público y universal, con las máximas garantías de “igualdad, mérito y capacidad”, para todos los centros educativos y sus diferentes enseñanzas. Si se desea formar ciudadanos críticos habrá que pactar otros currículos, menos académicos y librescos que los actuales, más atentos a cuestiones que sirvan para entender el complejo mundo, las relaciones sociales y los derechos humanos, que mejoren el desarrollo personal. La futura ley pactada debe dejar un amplio margen de libertad razonada a los centros para que elaboren sus proyectos educativos. Así es posible que se incremente la calidad del sistema y mejoren las evaluaciones internacionales de nuestra educación. El potencial acuerdo exige un compromiso colectivo para remontar la caída de la inversión en infraestructuras educativas (ha descendido a la mitad desde 2009, según informe BBVA-IVIE) y un mecanismo de corrección para evitar que mientras cae el gasto público total se incremente la partida para conciertos (datos del MECD). También los partidos deberán obligarse a impulsar la Formación Profesional para que sea atractiva y rentable laboralmente; el 12 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años la cursan, frente a un 29 % de media en la UE.

La educación debe pasar de ser un ente abstracto centrado en sí mismo, o en su instrumentalización ideológica, a convertirse en una estrategia de desarrollo personal y de vida para los chicos y chicas, ahora sujetos de derecho pero que serán nuestra sociedad del mañana. Pero debemos reconocer que deseos y esperanzas no van parejos siempre. Los responsables políticos no han acertado hasta ahora, quizás presionados por intereses varios; mientras, la opinión pública habla poco de este asunto. Además, en bastantes centros escolares y familias persisten esquemas atrancados sobre el modelo educativo y sus corresponsabilidades en la tarea. Para lograr el pacto –efectivo y duradero- sus actores, junto con el profesorado, deberían desentrañar la intención y la verdad de aquello que decía Paulo Freire de que la educación no cambiará el mundo -España y Aragón incluidos- pero sí a las personas que serán capaces de acometer semejante obra, tan necesaria y urgente.

  • Publicado en Heraldo de Aragón el 20 de febrero de 2018, pág. 27