El valor del agua

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Las cosas de la vida importan lo que se las respeta. El agua, materia básica, podría incluirse entre los primeros argumentos de la existencia y, sin embargo, parece que no existe para mucha gente; nunca figura en los presupuestos políticos o económicos. Como hay dejadez estructural, su valor y precio no están delimitados correctamente. Los combates entre usuarios y de estos con las administraciones son frecuentes; también las apetencias especuladoras que llevan a privatizar algo que es un bien común, universal y con carácter permanente. A pesar de las campañas de sensibilización, aun con el esfuerzo que se realiza en distintos ámbitos para ahorrar agua, la realidad es que hay que racionalizar todavía más su uso/consideración.

En una economía cada vez más sedienta, el coste del agua marcará la evolución de una parte importante del sector productivo, máxime con la previsible reducción de las disponibilidades. El estrés hídrico de España, el mayor de la UE sin contar a Malta y Chipre, se verá aumentado por los efectos del cambio climático; condicionará no solo al medio ambiente en general sino a la vida de todos. Además afectará gravemente a la economía puesto que, no lo olvidemos, las mayores demandas de agua se dan en regiones secas –allá donde se concentra el turismo, buena parte de la industria y la agricultura intensiva–, alejadas de los sitios donde se generan o almacenan los caudales, que también quieren vivir. Los conflictos entre potenciales usuarios, como en el estancado embalse de Biscarrués que hacía aguas por todos sus costados, tienen alcance nacional: recordemos el transvase Tajo-Segura o los reiterados intentos de llevar el agua del Ebro a Cataluña. Y el agua hay que pagarla, según su cantidad y para que tenga la calidad suficiente –así lo manda la UE y se ha comprometido España, algo que incumple–. Se dice que se podría recoger más del 95 % de las aguas residuales y dar tratamiento a buena parte, pero ahora solo se hace con un tercio. En este asunto tenemos pendiente en Aragón el conflicto de las depuradoras y el siempre latente del lindano del Gállego –54 millones gastados hasta ahora–. ¿Se añadirán nuevos impuestos para subsanar estas deficiencias?

El valor del agua tiene partes afectivas y variables de recurso. Junto con la sensación de escasez convive la percepción de que el recurso es infinito. Gestionarla plantea dificultades: medioambientales, sociales y económicas. Estas se producen porque llueve menos y no donde queremos, y son visibles en que la falta y el precio del agua afectan a mucha gente que demanda un servicio público seguro –creciente también–, y en que no acertamos a repercutir los costes entre los usuarios. Esa incógnita se hará más compleja en el caso de la agricultura y la ganadería, que consumen más del 82% del total, pero también en los hogares, que casi llegan al 13% y quieren tenerla de calidad. Sin duda hay que hacer inversiones para modernizar regadíos, asegurar su calidad y evitar el agotamiento de los sobreexplotados acuíferos, pero ¿quién paga todo esto?

Se ha mejorado su aprovechamiento en el sector agrario pero esto se ha traducido en una mayor demanda por el crecimiento de las producciones expectantes; echemos una mirada al Levante español o al valle del Ebro, también a las peticiones de nuestros regantes. El desafío del sector turístico está sin resolver, tanto en las localidades pequeñas de Aragón que se ven desbordadas en verano y sometidas a restricciones como en las costas, que presionan por obtener caudales de otras regiones. La eficiencia es el nuevo cauce del agua, pero en un escenario compartido de sostenibilidad ambiental, social y económica que aparte los privilegios. Es tiempo de mudanza, de una estrategia hídrica que valore la que hay, dimensione las necesidades y evite despilfarros, que rentabilice las inversiones públicas -vendrán nuevos planes hidrológicos cargados de hormigón y de usos intensivos, de dudosa trascendencia social-, que acabe con las contaminaciones. Habrá que reescribir los pactos del agua, 25 años cumplió ya el actual, para proteger su interés colectivo. Porque los ríos no aportarán siempre toda el agua que cada usuario desee. ¡Hasta el Ebro, el que se dice más caudaloso de la Península, ha bajado casi seco muchos días este año!