Atropellos administrativos que dan cobertura económica a los desastres ambientales, retenidos por una vez por la justicia

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Toca empezar el año con una buena noticia: El Tribunal Constitucional español anula la indemnización de 1350 millones que el Gobierno había regalado en forma de indemnización a los promotores de la plataforma Castor. Agravaba el asunto que ese dinero se pensaba pagar con cargo a los usuarios del gas, un hecho desatinado e incluso grotesco de la categoría de aquellos esperpentos que denunciaba Valle Inclán hace unos cien años. Para quienes no recuerden de qué iba la plataforma Castor, y sus afecciones ambientales, aquí tienen una parte de la memoria escrita. Para que sirva de ejemplo de la mala práctica de los Gobiernos y de la potencia de la acción ciudadana denunciando los atropellos ambientales, porque se sabía que el proyecto estaba condenado al desastre ambiental y social. A pesar de eso, el Gobierno la autorizó, pagó rápidamente la indemnización por obligar a detener el riesgo sísmico; mientras la Justicia trabajaba lentamente, pero al final lo ha hecho. Aviso para navegantes. Pero claro, en la resolución hay pegas

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