Si la pobreza es estructural todo se desvanece

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Con sinceridad, a quien esto escribe no le apetecía comenzar un artículo diciendo que el 26% de la población de España se encuentra en riesgo de exclusión, que el sistema de asistencia social –que creíamos bueno hasta hace poco- está resquebrajado y que los sucesivos poderes públicos no han hecho ni medio bien la tarea correctora de desigualdades. Les han fallado a quienes más necesidades tienen, a pesar de que les vendían lo contrario. Hay que decir enseguida que esta afirmaciones no son propias, están tomadas casi de forma textual de Philip Alston, que ejerció desde 2014 hasta hace unos meses como relator especial sobre pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas. Las escribió tras visitar España.

Todo lo anterior y muchas más tesis preocupantes figuran en el Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que estuvo de visita por las CC AA de Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, antes de que nos golpeara estrepitosamente la pandemia. Algunos dirán que poco pudo enterarse en apenas 12 días, que se dejó mucho territorio sin visitar. De cualquier manera, habrá que reconocer que si lo que dice se acerca al estado general de las cosas el asunto es extremadamente grave. Porque el informe también subraya que más de la mitad de los españoles llega con dificultades a fin de mes para solventar sus penurias económicas y vivenciales; un 5,4 sufre pobreza material severa. El futuro se ensombrece con otras conclusiones: se dan altas tasas de desempleo, asunto que se ha cronificado especialmente en los más jóvenes; el acceso a la vivienda para una buena parte de la población tiene dificultades de enormes proporciones; los programas de protección social son insuficientes para las crecientes necesidades; el sistema educativo es enormemente segregador y sigue manteniendo sus rémoras anacrónicas; casi el 30% de la población infantil se encontraba en 2018 en riesgo de pobreza o exclusión social; las políticas tributarias y de gasto continúan favoreciendo a las clases acomodadas. En fin, todo esto en el contexto de una burocracia que no se simplifica para mejorar el bienestar de las personas.

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